Las objeciones del Fiscal a la Ley Estatutaria de la JEP no son otra cosa que insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón.
Luego de conocer la comunicación enviada por el Fiscal General de la Nación al Presidente de la República solicitándole objetar apartes de la ley de la JEP, la Representante a la Cámara Juanita Goebertus se pronunció recordándole al Fiscal que su deber como funcionario es acatar las decisiones de la Corte.
"Cuando uno revisa los cuatro temas que el Fiscal pide objetar, se encuentra que sobre estos la Corte Constitucional ya se pronunció. De hecho, el Fiscal ya intervino sobre estos y la Corte no le dio la razón", manifestó Juanita Goebertus, al tiempo que le hace un llamado para acatarlas. "Usted como ciudadano puede estar en desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, pero como funcionario público le corresponde acatarlas. Sus objeciones no son otra cosa que insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón.", puntualizó.
Estos son los 4 temas:
La Corte Constitucional ya resolvió qué pasa con los delitos de ejecución permanente:
1. Los delitos que iniciaron antes del 1/12/16 se quedan en la JEP;
2. Si hay reincidencia, la JEP abre incidente de incumplimiento; y
3. Los delitos posteriores van a la justicia ordinaria.
La Corte Constitucional ya resolvió qué le pasa a quienes reinciden:
1. La JEP le quita los beneficios a quienes vuelven a delinquir, no dicen la verdad y no reparan; y
2. La JEP le reduce gradualmente los beneficios a quienes solo cumplen algunas de las condiciones.
La Corte Constitucional y la Corte Suprema ya resolvieron la relación entre la Fiscalía y la JEP:
1. La FGN puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP; y
2. La FGN no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.
La Corte Constitucional ya falló que SÍ es posible concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.
Investigar hecho a hecho, caso a caso genera impunidad.
Para eso fue el Marco Jurídico para la paz de 2011 que la CPI avaló.
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